Teleasturias, la televisión del polémico empresario Rodolfo Cachero, consideró que el decreto y el posterior corte de la señal por parte de Retevisión suponía una orden de cierre encubierta y un ataque a la libertad de expresión. Con la ayuda de grupúsculos extremistas y del funcionario del ayuntamiento de Oviedo, Juan Vega, desde Teleasturias se orquestó una campaña de acoso y derribo contra el gobierno regional a escasas fechas de las elecciones.

Sin embargo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias entiende que "lejos de promover un cierre encubierto, trató de cesar el suministro de señal a quien no estaba habilitado para emitir a través de frecuencias que resultaron adjudicadas". Estimando que no se ha vulnerado el principio de igualdad ya que Teleasturias desarrollaba su actividad "de forma irregular".

La portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, mostró la "plena satisfacción" del gobierno regional por la decisión judicial, contra la que no cabe recurso, tras haber sido objeto de una campaña "muy dura y agresiva" en la que diversos integrantes del Ejecutivo fueron acusados de "atacar derechos fundamentales y la libertad de expresión".