Tenemos que defender la Europa del Bienestar. Considero que el modelo económico y social de Europa sólo puede ser revisado desde el acuerdo.

La Directiva sobre jornada máxima legal de 65 horas semanales, aprobada por la mayoría de los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, supondría, de no conseguir su retirada, un retroceso histórico para los trabajadores y un durísimo zarpazo a unas relaciones sociolaborales e industriales sólidas y democráticas, imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y la cohesión social.

Pero esta Directiva no es un hecho aislado, y no está al margen de la hegemonía conservadora existente en la mayoría de los países de la Unión, reforzada a partir de los cambios políticos habidos en Francia e Italia, y la deriva antisocial que desde estos dos Gobiernos se viene impulsando.

Un exponente de lo que afirmo es la “directiva de retorno” -bautizada como la “directiva de la vergüenza”- aprobada por el Parlamento Europeo, la que rechazo de plano, porque criminaliza la inmigración y supone un grave retroceso democrático. Lamento la decisión de aprobar dicha directiva, con el voto mayoritario de la derecha liberal y conservadora europea (PP español incluido), y con el incomprensible apoyo de un sector del Grupo Socialista Europeo, entre ellos la mayoría de los socialistas españoles, -con honrosas excepciones-. La directiva aprobada no contribuye, en mi opinión, a una armonización y legislación común en materia de inmigración.

Creo que la mayoría de los parlamentarios europeos ha querido derivar hacia la población inmigrante las consecuencias de un grave deterioro económico con una directiva de acusado perfil xenófobo. En tiempos de bonanza los inmigrantes han sido en Europa un factor decisivo de crecimiento económico, sin que ninguna de las instituciones comunitarias se preocupara de conocer las condiciones humanas y laborales que tenían. Ahora, con esta “directiva “ Europa se presenta ante el mundo no como baluarte de los derechos humanos sino como fortaleza que genera un amplio rechazo internacional, como pocas veces se había visto.


La directiva, por otro lado, vulnera derechos y libertades de las personas al permitir ampliar hasta 18 meses el periodo de retención en los centros de internamiento, y tiene difícil encaje en alguna de las Constituciones de países europeos, por ejemplo cuando niega la protección de los menores o rechaza la tutela judicial al inmigrante en un centro de internamiento.


La desprotección del menor y la retención hasta 18 meses en un centro de internamiento no se entiende, sobre todo si se observa que las normas y prácticas de los países europeos no contemplan situaciones similares. Por ello, no tiene explicación la posición del gobierno español y de la mayoría de los eurodiputados socialistas al votar una directiva que va en dirección contraria a la política adoptada la pasada legislatura por el propio ejecutivo de Zapatero, al ajustar la demanda de inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo. Se avanzaba así hacia una integración digna a partir de un empleo regulado.

Quiero trasmitir y mostrar mi preocupación porque desde la Unión Europea se está creando “un alarmismo” que está aumentando el sentimiento euroescéptico de muchos trabajadores y ciudadanos.

Precisamente por este nuevo escepticismo, el sindicalismo europeo y también la izquierda europea han de iniciar una fuerte ofensiva, cada uno en el campo de actuación que le corresponde, adoptando medidas e iniciativas tendentes a conseguir en primer lugar la retirada del proyecto de Directiva Europea sobre la jornada máxima legal, mediante la promoción también de la Europa Social, restaurando la confianza, evitando que ésta inicie una senda de agrietamiento, restituyendo la idea de que el modelo social europeo es uno de los rasgos fundamentales de la Unión Europea.

El sindicalismo europeo, y dentro de él, el español, debe adoptar iniciativas muy firmes y contundentes, desde el rechazo a medidas que no persiguen otra cosa que dinamitar las distintas fuentes del Derecho del Trabajo, que persiguen retrocesos históricos en los terrenos social y laboral, favoreciendo todo tipo de propuestas y de iniciativas, también desde la movilización social, destinadas a reforzar el papel de una Europa con fuertes contenidos sociales, a favor del pleno empleo y de la equidad social; porque, además, no hay otra alternativa.

En este sentido, es necesario destacar la importancia de la movilización del próximo 7 de octubre con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Mostrando el rechazo a la ampliación de la jornada de trabajo promovida desde la Unión Europea. Una ampliación que, según la Directiva prevista, permitirá la ampliación de la jornada laboral hasta las 78 horas en determinados casos, también para mostrar la más enérgica defensa del modelo social europeo, que no es otra cosa que la concepción de la sociedad como un espacio de derechos laborales y sociales que hoy la ideología liberal quiere socavar y sustituir por un espacio meramente mercantil.

Gabriel Gallardo